Y yo no era la única integrante de ese comité.
Había tres abogados corporativos y un notario que llevaba años trabajando conmigo.
El poder que Thiago usó le permitía representarme.
Pero no le otorgaba facultades para disponer de bienes pertenecientes al fideicomiso.
En otras palabras…
La venta que celebró era jurídicamente inválida.
Y peor aún.
Constituía fraude.
Cuando terminé de reír aquella tarde, tomé mi teléfono y marqué el número de Ignacio, mi abogado de confianza.
—Ignacio, activemos el protocolo siete.
Silencio al otro lado.
—¿Está segura, Clarice?
—Completamente.
Esa misma noche, mientras Thiago brindaba con champaña francesa en el ensayo de su boda, el notario presentó una medida cautelar que bloqueó la transferencia bancaria y congeló la operación inmobiliaria.
A la mañana siguiente, día de la boda, los nuevos “compradores” recibieron una notificación judicial informándoles que habían adquirido un bien que no podía ser vendido.
Y que la persona que firmó la operación podría enfrentar cargos penales.
A las once de la mañana, mi teléfono volvió a sonar.
Thiago.
No sonaba eufórico esta vez.
Sonaba pálido.
—Mamá… ¿qué hiciste?
—Nada, hijo. Solo protegí lo que construí.
—¡El banco congeló el dinero! ¡El club está exigiendo el pago final! ¡Los proveedores amenazan con cancelar!
—Qué situación tan incómoda… justo el día de tu boda.
Escuché murmullos al fondo. La voz aguda de Vanessa preguntando qué pasaba.
—Mamá, por favor. Retira la demanda. Fue un malentendido.
—No fue un malentendido. Fue una decisión.
Colgué.
A las cuatro de la tarde, el Club Campestre suspendió la recepción por falta de pago.
Los invitados, vestidos de gala, comenzaron a irse entre susurros.
Alguien publicó en redes sociales que la boda del joven abogado había sido cancelada por problemas financieros.
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